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CIDH CONSIDERA CLASIFICAR COMO "MASACRE" A MUERTES EN PROTESTAS CONTRA DINA BOLUARTE"


Fuente: Infobae


Margarette May Macaulay, presidenta de la CIDH, en una entrevista por Canal N mencionó que las muertes perpetradas por agentes estatales “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”.


El pasado 7 de diciembre de 2022 se originaron protestas por la salida de Dina Boluarte de la presidencia, esto a raíz del intento de golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo.


A partir del anterior escenario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que las muertes en protestas de diciembre en Ayacucho pueden “ser calificadas como una masacre” y la posibilidad de “ejecuciones extrajudiciales”. Fueron frases que empleó la presidenta Margarette May Macaulay, en su lectura del Informe de la Comisión respecto a las decenas de muertes de civiles.


Con relación a las 10 muertes ocurridas en Ayacucho el 15 de diciembre, todas por impacto de arma de fuego, en inmediaciones del Aeropuerto Nacional Alfredo Mendívil Duarte, la presidenta de la CIDH indicó que, tras la información recogida, concluyeron que hubo violaciones de derechos humanos graves que deben ser investigados con un enfoque étnico racial y que fueron perpetradas por agentes estatales.


“Además, como estas son de privaciones múltiples del derecho a la vida, teniendo en cuenta las circunstancias de modo tiempo y lugar, deben ser clasificadas como una masacre”, añadió en su lectura.


“Uso excesivo de la fuerza”


La Comisión indicó que, en términos generales, la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y “hubo episodios graves de uso excesivo de la fuerza en casos específicos”.


Recalcaron que, según la información recibida en Ica, Lima, Arequipa y Cusco “la respuesta del Estado se caracterizó por el uso de la fuerza de manera letal, indiscriminada y desproporcionada”, confirmado por el alto número de muertes y personas lesionadas en la zona superior del cuerpo por armas de fuego. Incluso, personas fueron lesionadas no estando en la protesta, acotaron.


Violaciones a los derechos humanos en Juliaca


En enero de 2023 murieron 19 civiles en Juliaca, en este caso la CIDH declara que, en esa ciudad, “hubo situaciones de uso excesivo indiscriminado de la fuerza de parte de agentes estatales que conllevaron violaciones a los derechos humanos graves contra los participantes de las protestas y contra terceros”.


“Todo esto ocurrió dentro de una situación compleja de violencia que comenzó con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto donde las fuerzas de seguridad se vieron atacadas con piedras, palos y fuego”, indicaron.


Tanto la ONU como grupos de derechos humanos, han pedido al gobierno peruano que investigue denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de policías y soldados durante las recientes protestas que han dejado 49 civiles muertos.


Responsabilidad del Estado


En otra parte de la lectura del informe resaltaron que el Estado peruano tiene un marco que reglamenta el uso excepcional de la fuerza y la participación del Ejército en tareas en relación a la seguridad ciudadana, no obstante, hubo situaciones de violencia desprotegidas por el derecho a la protesta, por lo que “estas situaciones no eximen al Estado de su responsabilidad con respecto a las violaciones a los derechos humanos que se cometieron”.


Recomendaciones de CIDH


El documento de la CIDH sugiere al Estado peruano un registro integral de los datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas y víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales de forma transparente, actualizada, clara, concisa y contrastada con la información otorgada por comunidad civil.


“El registro debe ser específico y tomar en cuenta datos desagregados por origen étnico-racial, edad, sexo, orientación sexual, identidad y/o expresión de género”, precisan.


Se hace mención que debe repararse de manera integral a los deudos de las víctimas de las protestas contra el régimen de Dina Boluarte. Esto, equivalente a brindar una compensación económica, una rehabilitación médica, psicológica y social, y unas garantías de que no volverán a pasar por el trágico momento de perder a un ser querido.


Redactado por: Mirella Mendoza


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