Del Interior al de Justicia: Juan José Santiváñez vuelve a ser ministro

El regreso de Juan José Santiváñez al Gabinete, ahora como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se da en medio de un clima de cuestionamientos y procesos abiertos en su contra. Su designación refleja las tensiones entre la necesidad de estabilidad política y la pérdida de credibilidad institucional que enfrenta el actual gobierno.

El nombramiento de Santiváñez abre un nuevo capítulo de tensiones políticas en el país. Su retorno al Ejecutivo, apenas meses después de haber dejado el Ministerio del Interior bajo cuestionamientos, genera un fuerte contraste entre el discurso oficial de lucha contra la corrupción y las investigaciones fiscales que lo rodean. Su designación no solo pone en tela de juicio la coherencia del Gobierno, sino también la capacidad de la presidenta Dina Boluarte para sostener figuras con amplio rechazo en la opinión pública.

Las críticas no tardaron en llegar desde el Congreso, donde se cuestiona la idoneidad de un ministro que enfrenta diligencias fiscales, un impedimento de salida del país y recientes allanamientos en propiedades vinculadas a su entorno. Este escenario convierte su permanencia en el cargo en una suerte de pulseo político entre el Ejecutivo y el Legislativo, mientras la ciudadanía observa con desconfianza cómo se designa a una figura bajo sospecha para liderar precisamente el sector encargado de velar por la justicia y los derechos humanos.

En el plano judicial, el caso Santiváñez es un reflejo de la tensión permanente entre el Ministerio Público y el Ejecutivo. Las acusaciones de tráfico de influencias, sumadas a sus declaraciones en las que acusa a un sector de la Fiscalía de actuar como una organización criminal, escalan el enfrentamiento institucional y ponen en evidencia el uso de narrativas de victimización política como mecanismo de defensa. Esta estrategia, aunque busca blindaje mediático, también erosiona la confianza en las instituciones encargadas de combatir la corrupción.

Lo que está en juego no es solo la estabilidad de un ministro, sino la credibilidad del Gobierno frente a una ciudadanía cansada de escándalos e impunidad. La permanencia de Santiváñez en el Gabinete será un termómetro del rumbo que el Ejecutivo quiere dar a su relación con la justicia: si opta por mantenerlo, asume el costo de profundizar la desconfianza; si lo reemplaza, reconocerá que la presión política y social puede doblegar incluso a las decisiones más polémicas. En cualquier caso, el episodio revela la fragilidad del sistema político peruano y la dificultad de trazar una línea clara entre gobernabilidad y legitimidad.

Redactor: Sebastian Sipión