La lengua de señas peruana (LSP) emerge como pilar esencial para la comunicación de aproximadamente 232,176 personas en el Perú que enfrentan discapacidad auditiva, según el Censo Nacional de Población (INEI-2017). A pesar de esta cifra, la escasez crítica de docentes e intérpretes capacitados en LSP crea una barrera sustancial, obstaculizando el acceso a servicios esenciales, en especial, a la educación.
La situación se agravó, como evidenció la Defensoría del Pueblo en 2019, con el 76% de las II.EE. públicas y el 83 % de las II.EE. privadas reconociendo su incapacidad para brindar servicios educativos a estudiantes sordos. Durante la pandemia, las estrategias de educación remota, como el programa “Aprendo en Casa”, destacaron la carencia de intérpretes de LSP en las primeras semanas. Además, la falta de preparación de docentes para integrar a los estudiantes sordos en el proceso de enseñanza, señalada por Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, añadió otra capa de complejidad a los desafíos educativos.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la acción. El Estado debe promover la formación de docentes e intérpretes competentes en LSP; por ello, es primordial la creación de programas y carreras universitarias que promuevan la formación y certificación de intérpretes a fin de asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas sordas.
En este 2023, el ámbito legislativo aprobó de forma unánime proyectos de ley a favor de la lengua de señas peruana. Estas iniciativas lideradas por la congresista de Acción Popular, Marleny Portero López, no solo buscan reconocer las LSP como un compromiso hacia la inclusión, sino que representan un paso importante para superar las barreras educativas que enfrenta la comunidad sorda del país.
Autor(a): Karolina Pachacama Coscco
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