MINERÍA INFORMAL EN TREGUA: EL ESTADO NO PUEDE SEGUIR POSTERGANDO UNA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL

El reciente levantamiento temporal del paro de mineros informales en el sur del país ha evidenciado, una vez más, las tensiones estructurales entre el Estado y una actividad que, aunque irregular, sostiene económicamente a miles de familias. La protesta, centrada en la exigencia de extender el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), paralizó regiones clave como Arequipa, Ica y Apurímac, bloqueando la Panamericana Sur por más de dos semanas. Los mineros acusan al Gobierno de abandonar el proceso de formalización, imponiendo trabas burocráticas que hacen inviable su regularización efectiva.

Si bien la tregua alcanzada esta semana abre una ventana para el diálogo, la solución de fondo sigue sin definirse. El Ejecutivo mantiene su postura de cerrar el REINFO en 2025, argumentando que no se puede perpetuar la informalidad ni permitir la explotación indiscriminada de recursos en zonas vulnerables. Sin embargo, este enfoque ignora que muchos de los mineros carecen de apoyo técnico, financiamiento y presencia estatal que les permita cumplir con las exigencias normativas. El resultado es una política que castiga la precariedad sin ofrecer alternativas viables de salida.

Este conflicto es más que un reclamo sectorial: es el reflejo de un modelo de desarrollo que no termina de integrar a las economías populares. La minería informal, a pesar de sus impactos ambientales y sociales, forma parte de la realidad económica de regiones históricamente excluidas. Criminalizarla sin brindar soluciones estructurales solo alimenta el resentimiento, la protesta y la inestabilidad. Si el Estado no asume con responsabilidad el reto de una formalización real y participativa, el próximo estallido será solo cuestión de tiempo.

Redactor: Gino Silvera