Cuando el transporte se detiene, la voz colectiva exige justicia

El paro de los gremios de transporte en Lima y Callao no es simplemente una interrupción del servicio público; es un grito desesperado frente al abandono institucional ante la extorsión, la violencia y el sicariato. Con miles de unidades que dejaron de operar y un pedido urgente de una unidad de élite contra las mafias, los conductores exponen una realidad que no puede seguir ignorándose.

Esta medida de fuerza no debe entenderse como una confrontación por intereses particulares, sino como la expresión legítima de un sector que exige condiciones mínimas de seguridad para trabajar y para transportar a millones de ciudadanos. El Estado tiene la responsabilidad de responder con acciones concretas y sostenidas, no con discursos que se diluyen en la coyuntura.

Es indispensable que las propuestas del gremio sean atendidas: equipos conjuntos entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial, que permitan enfrentar la criminalidad con eficacia y sin dilación. Mientras la impunidad prevalezca, los conductores seguirán siendo blanco de amenazas, y los pasajeros, víctimas indirectas de un sistema que no protege.

Reducir esta paralización a un simple episodio coyuntural sería un error. La protesta revela una fractura más profunda: la ausencia de un Estado que garantice seguridad ciudadana. Si se pretende preservar la democracia y la vida en sociedad, este reclamo debe ser atendido con la urgencia que merece.

Redactado por: Yajaira Pacheco