Una disputa diplomática bajo la sombra del asilo

El asilo político otorgado por México a Betssy Chávez ha desatado una tensión diplomática que el Perú enfrenta con cautela y firmeza. Aunque el derecho al asilo está reconocido en la Constitución, su aplicación debe interpretarse dentro de los límites establecidos por la Convención de Caracas de 1954, que reserva esta protección para quienes son perseguidos por motivos estrictamente políticos. En el caso de Chávez, las investigaciones en curso se refieren a presuntos actos vinculados al intento de quebrar el orden constitucional durante el gobierno de Pedro Castillo, lo que coloca sus acusaciones fuera del ámbito de la persecución política.

La controversia se agudizó luego de que el gobierno peruano decidiera poner en suspenso la entrega del salvoconducto que permitiría a Chávez viajar a México. Según la información oficial, existen dudas fundadas sobre la correcta aplicación de la figura del asilo, ya que su otorgamiento podría interpretarse como una interferencia en la administración de justicia peruana. La decisión de no conceder aún el permiso de salida se presenta como una medida destinada a evitar que una persona investigada por delitos graves use un mecanismo internacional para sustraerse de un proceso judicial legítimo.

Este escenario evidencia un choque entre dos principios fundamentales. Por un lado, el derecho de un Estado extranjero a considerar que una persona corre riesgo y concederle protección. Por otro, la obligación del Perú de garantizar que quienes enfrentan investigaciones por hechos que afectan la estabilidad democrática respondan ante la justicia. La Convención de Caracas otorga al país asilante la facultad de definir si existe persecución política, pero al mismo tiempo deja espacio para que el Estado de origen cuestione los efectos de esa decisión. Este vacío interpretativo es precisamente el que está tensando la relación bilateral entre ambas naciones.

La situación de Betssy Chávez revela un problema mayor en América Latina. El asilo político, pensado como herramienta humanitaria, se ha convertido en un terreno donde las interpretaciones jurídicas conviven con lecturas políticas del contexto. Si se concede sin una evaluación rigurosa del carácter político de la persecución, se corre el riesgo de desnaturalizar la figura creada en 1954. Si se niega sin considerar eventuales riesgos, se debilita un instrumento clave de protección. El Perú enfrenta hoy el desafío de defender su soberanía jurídica sin vulnerar el derecho internacional. México, por su parte, sostiene que existe persecución política. Entre ambas posturas se revela un debate que no solo definirá el destino de Chávez, sino también el futuro del asilo diplomático en la región.

Redactor: Sebastian Sipión