Los salarios mínimos existen en el mundo desde 1894, siendo Nueva Zelanda el primer país en establecerlo. En el caso del Perú, este hito histórico se constituyó en 1916, durante el gobierno de José Pardo y Barreda, consagrándose como el primer país hispanoamericano en decretar salarios mínimos.
El pasado domingo 3 de abril, se confirmó y oficializó el incremento de remuneración mínima vital, de 930 a 1025 soles, lo que significa un aumento de 95 soles con relación al sueldo mínimo vigente. Esta medida se aplicará a partir del 1 de mayo y se estima que beneficiará a más de 1,4 millones trabajadores del sector privado que, actualmente tienen un salario inferior al nuevo monto establecido y que representan un 30% de su masa laboral, según información de la planilla electrónica.
Resulta indescifrable que tan viable será este proyecto, pues podría tener repercusiones por industria, zona y tamaño de empresa. En definitiva, los economistas suelen hacer hincapié en la relación entre el salario mínimo y el desempleo, ya que, si la RMV se incrementa por encima del aumento en la productividad, podría ralentizarse la creación de empleo. En particular, puede haber trabajadores cuya cualificación no aporta lo suficiente como para compensar ese alto salario mínimo, lo que provocará que éstos queden marginados del mercado laboral.
Esta medida busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, ante el incremento de los precios, sin embargo, los gobiernos de turno siempre han jugado con esta expectativa ciudadana. Se debe tener en cuenta que, para tomar una iniciativa como esta, resulta necesario establecer criterios para su aplicación; además de tener en cuenta el contexto actual al que aún nos enfrentamos.
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