La pena de muerte en Perú es un tema controvertido, tanto en la sociedad como en el ámbito político y legal. Actualmente, la Constitución peruana de 1993 permite la pena capital únicamente en casos de traición a la patria en tiempos de guerra y para casos de terrorismo, aunque en la práctica no se ha aplicado esta sanción en las últimas décadas. A pesar de la existencia de esta pena en el marco legal, Perú está suscrito a tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que restringen su uso en tiempos de paz, lo que ha generado un debate constante sobre su implementación real.
El congresista Jorge Montoya, miembro del partido Renovación Popular, ha expresado su apoyo a la pena de muerte, especialmente en casos de delitos graves como la violación de menores. Montoya sostiene que la pena capital es una medida necesaria para enfrentar la creciente criminalidad en el país y para castigar de manera ejemplar a los delincuentes que cometen crímenes atroces. Según su postura, la implementación de la pena de muerte podría disuadir a posibles infractores y restablecer la confianza en un sistema de justicia que, para muchos peruanos, parece ineficaz. Además, Montoya ha sugerido que, en lugar de someterse completamente a tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Perú debería priorizar su soberanía y la seguridad de sus ciudadanos ante el aumento de la violencia.
Por otro lado, Gino Costa, congresista del Partido Morado, ha sido un firme opositor de la pena de muerte. Costa ha argumentado que esta medida es contraria a los compromisos internacionales que Perú ha asumido en materia de derechos humanos y que su implementación no resolvería los problemas de criminalidad. En su opinión, la pena de muerte no actúa como un verdadero disuasivo y podría llevar a injusticias irreversibles en un sistema judicial que aún enfrenta problemas de corrupción y errores judiciales. Costa aboga por la mejora de las políticas de prevención, educación y rehabilitación como soluciones más efectivas y humanas para reducir la criminalidad, y ha señalado que el camino correcto para Perú es fortalecer el estado de derecho sin recurrir a castigos tan extremos.
En resumen, la pena de muerte en Perú permanece como una figura legal en desuso y limitada por compromisos internacionales que restringen su aplicación. Sin embargo, la creciente inseguridad y la frustración de la ciudadanía con el sistema judicial han mantenido el tema en el debate público. Cualquier intento de reactivarla o expandirla enfrenta desafíos significativos, tanto en términos de legislación interna como de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, lo que hace de este un tema altamente delicado y polarizador.
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