El extenso mensaje presidencial de Dina Boluarte, que se prolongó por casi cinco horas y abarcó 79 páginas, llegó en un momento de agitación social y mostró una desconexión alarmante con la realidad del país. Mientras Boluarte anunciaba reformas en diversos sectores, la evidencia de un Congreso casi vacío y la presencia de asistentes como su hermano Nicanor Boluarte y el canciller Javier González durmiendo plácidamente reflejaron un claro desinterés por sus palabras.
Entre las promesas de Boluarte se destacó la reestructuración del Ministerio del Interior, que pasaría a llamarse Ministerio de Seguridad Pública. Además, anunció un aumento salarial para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin embargo, estas medidas parecen insuficientes para disimular el creciente descontento. Las protestas masivas, convocadas en respuesta a la gestión de las crisis sociales y la falta de justicia para las víctimas de las manifestaciones anteriores, continúan agitando el país. Según la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI), la desaprobación de la presidenta se mantiene en un alarmante 89,2%, señal de la falta de confianza en su administración.
Por su parte, el discurso de Boluarte también evitó abordar las investigaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, un hecho que intensifica la desconfianza pública. La brecha entre las promesas del gobierno y las necesidades reales de la población se ensancha, mostrando una administración que lucha por conectar con las exigencias ciudadanas en medio de una crisis persistente.
En resumen, el mensaje de Boluarte, lejos de calmar las aguas, subraya la creciente desconexión entre el gobierno y la ciudadanía. Las promesas hechas no parecen suficientes para mitigar el descontento y la presión social, dejando a la administración en una posición aún más vulnerable.
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