Hay que tomar muy en serio las recientes manifestaciones, donde se hizo uso ilegal de la fuerza, siendo el hecho más llamativo el pasado jueves en la provincia y región de Loreto en la provincia de Urarinas. Un grupo de comuneros de la zona secuestró a más de 150 turistas, entre nacionales y extranjeros, para extorsionarlos y que el gobierno pudiera atender sus demandas. En Perú, cualquier observador perspicaz notará que estas condiciones han ido empeorando desde hace algún tiempo, ya que los manifestantes tienen poco que perder y mucho que ganar. Los costos están destinados a las víctimas y la reputación del país como destino turístico y de inversión.
Aunque esto sucedió en la misma semana, el corredor vial sur fue el punto de encuentro de los bloqueos en la región Cusco. por ello, la empresa minera las Bambas ha anunciado que reducirá sus operaciones. en la misma región se cerró el acceso a Machu Picchu y otros lugares de interés por diversos motivos de protesta, en Apurímac comuneros invadieron terrenos de la mina Chalcobamba e impidieron su explotación, en Ayacucho, alrededor de 30 comuneros de la comunidad casma palla palla. quemó parte de las salas blancas de la unidad minera, y todo esto en pocos días.En los últimos meses, mucha violencia ha sido escuchada por los miembros de la comunidad, y como esa es la única forma de alertarlos, por eso lo siguen haciendo, según la Defensoría del pueblo, durante septiembre los conflictos alcanzaron un total de 211, el más alto en los 12 meses desde el inicio del gobierno del presidente Pedro Castillo, la estrategia para prevenir y resolver estas situaciones fue débil y en ocasiones incluso la avivó, y el mensaje es por supuesto Recibido Llegó alto y claro a quienes quieren utilizar la inacción del ejecutivo del organismo para preservar los derechos de la mayoría.
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