Una reforma que no puede esperar: el laberinto de las AFP en el Perú

El sistema privado de pensiones peruano atraviesa su mayor crisis de legitimidad desde su creación. Tres décadas después de que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) prometieran jubilaciones dignas y rentabilidades superiores a las del Estado, el balance es decepcionante. Las pensiones son reducidas, las comisiones se cobran incluso cuando los fondos pierden valor y la falta de transparencia alimenta la desconfianza ciudadana.

La indignación no surge de un solo escándalo, sino de una acumulación de agravios. Las llamadas comisiones fantasma son cobros a gestores extranjeros que han sumado más de S/ 1,600 millones en apenas cuatro años. Esto evidencia un sistema que extrae rentas de los propios aportantes para pagar servicios cuya necesidad y rendimiento nadie explica con claridad. A ello se suman las inversiones en bonos de empresas vinculadas a casos de corrupción como los proyectos asociados a Odebrecht. Aunque estos bonos se presentan como “garantizados”, exponen el ahorro de millones de trabajadores a riesgos reputacionales y legales que no les corresponden.

Al mismo tiempo, la política añade inestabilidad. El Congreso debate un octavo retiro extraordinario de fondos que, de aprobarse, vaciaría otros S/ 27,000 millones del sistema. Las AFP advierten del colapso, pero su voz suena interesada. Durante años han hecho lobby para frenar una reforma integral y han preferido blindar sus ganancias antes que repensar un modelo que ya no responde a la realidad del país.

El Perú necesita con urgencia una reforma previsional que ponga al afiliado en el centro. Ello implica reglas claras para la transparencia de las comisiones, supervisión estricta de las inversiones y un rediseño que asegure pensiones mínimamente dignas. De lo contrario, las AFP seguirán siendo percibidas no como garantes del retiro, sino como un costoso intermediario de un futuro cada vez más incierto.

Redactor: Sebastian Sipión