¿Austeridad o privilegio? Congreso plantea sueldos de jueces supremos para parlamentarios

El debate sobre el reglamento del futuro Congreso bicameral ha generado controversia tras la inclusión de un artículo que propone que senadores y diputados reciban la misma remuneración que un juez supremo titular. La Comisión de Constitución, presidida por Arturo Alegría, evalúa el pre dictamen que regula las funciones y beneficios de los próximos parlamentarios, quienes asumirán sus cargos en 2026.

El planteamiento ha despertado cuestionamientos debido a que se pasa de un marco general de “remuneración adecuada” sujeta a tributos a una referencia explícita que amarra el sueldo parlamentario al de un juez supremo. Esta precisión no solo eleva considerablemente los ingresos de los futuros legisladores, sino que abre la puerta a la interpretación de que se les pretenden otorgar beneficios adicionales equivalentes a los magistrados del máximo órgano de justicia. La congresista Ruth Luque fue una de las primeras en advertir los riesgos de esta modificación. Para ella, no existe una justificación clara de por qué debe equipararse el sueldo de los legisladores con el de los jueces supremos, quienes ejercen una labor distinta y con altos niveles de especialización.

El pre dictamen al vincular expresamente la remuneración parlamentaria con la de los jueces, genera una señal política negativa en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia la clase política. Plantear sueldos elevados para un Congreso aún cuestionado por su desempeño puede acentuar la brecha entre representantes y representados en lugar de fortalecer la legitimidad del sistema bicameral que recién busca reinstalarse.

En suma, la discusión no solo se centra en una cifra, sino en el mensaje que transmite. Equiparar a congresistas con jueces supremos puede interpretarse como un intento de blindar privilegios y debilita la narrativa de austeridad y transparencia que el Parlamento debería sostener para recuperar credibilidad. La decisión final de la Comisión de Constitución será clave para definir si el Congreso bicameral inicia con un enfoque de servicio público o bajo la sombra del privilegio.

Redactado por Valentina Vega