El trágico colapso del puente Chancay el 13 de febrero, que dejó dos muertos y decenas de heridos, no solo ha expuesto la fragilidad de una infraestructura envejecida, sino también la ineficiencia y desinterés de las autoridades competentes en prevenir este tipo de tragedias. A pesar de los informes sobre el deterioro de este puente y otros en la zona desde 2023, las respuestas de las entidades encargadas de su mantenimiento, principalmente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la concesionaria Norvial, se han mostrado como reacciones tardías, que llegaron solo después del colapso.
El puente, cuya construcción data de más de 60 años, ya presentaba signos claros de desgaste y vulnerabilidad. El hecho de que este colapso ocurriera en una estructura de tal antigüedad no es una sorpresa, sino más bien el desenlace de una cadena de negligencias acumuladas por años. La administración del MTC, que otorgó la concesión a Norvial en 2003, no ha tomado las medidas necesarias para garantizar que el puente y otros de la misma edad sean revisados de forma regular y reparados adecuadamente. De hecho, las críticas al mantenimiento de la infraestructura no son nuevas: se sabía que el puente Chancay, junto con otros puentes de la zona, mostraba signos evidentes de debilidad, como lo indicó el alcalde de Aucallama, Edwin Valdivia. Pero, en lugar de priorizar la seguridad de los ciudadanos, las autoridades prefirieron mirar hacia otro lado.
Si bien el MTC ha asegurado que se procederá a la demolición y reemplazo del puente con una estructura modular, esta solución apresurada no aborda las raíces del problema. No es suficiente con "parchar" infraestructuras cuando hay un sistema de mantenimiento deficiente que ha dejado en evidencia su obsolescencia. La respuesta institucional ha sido superficial, sin una evaluación exhaustiva de cómo la falta de planificación a largo plazo contribuyó al colapso, ni de la responsabilidad directa de los actores que gestionan las concesiones viales.
El aumento del tráfico pesado, provocado por el megapuerto de Chancay, es otro factor que parece haberse ignorado por completo en el diseño y la evaluación de la infraestructura. El alcalde de Chancay lo mencionó como un posible factor agravante, pero las autoridades parecen no haber anticipado este impacto ni haber tomado medidas preventivas para adaptarse a las nuevas exigencias de transporte en la zona.
La tragedia no solo es una pérdida de vidas, sino también un reflejo de la desconexión entre las necesidades de la comunidad y las decisiones de aquellos encargados de velar por su bienestar. La responsabilidad debe ir más allá de la reparación inmediata; debe implicar una revisión exhaustiva de las condiciones de todas las estructuras vulnerables y un compromiso real por garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.Mientras tanto, los ciudadanos seguirán pagando con sus vidas los costos de la negligencia y la falta de acción.
Redactora: Johana Villon
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