El estado de emergencia declarado por el presidente

El presidente interino José Jerí anunció la noche del lunes la declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por un periodo de 30 días. Esta medida busca hacer frente al aumento de la inseguridad ciudadana y la presencia del crimen organizado en ambas zonas. La decisión se da luego de semanas de protestas y reclamos de la población que exigían una respuesta más firme ante la violencia y los constantes actos delictivos.

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Durante este tiempo, se suspenderán o limitarán derechos constitucionales como la libertad de tránsito, el derecho de reunión y la seguridad personal. Además, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas trabajarán de manera conjunta para controlar el orden interno. Entre las medidas más comentadas se encuentra la restricción al uso de motocicletas con dos pasajeros adultos, así como un mayor control en los penales para evitar la comunicación ilegal entre los internos y las bandas delictivas que operan desde las cárceles.

El Gobierno ha señalado que la delincuencia “ha crecido de manera desmesurada” y que la población merece volver a sentirse segura en las calles. Sin embargo, la decisión también ha generado diversas reacciones. Algunos sectores apoyan la medida por considerarla necesaria, mientras que otros expresan preocupación por las posibles vulneraciones a los derechos ciudadanos y el impacto que podría tener en trabajadores que usan motos como medio de transporte.

Más allá de la polémica, lo cierto es que el estado de emergencia representa un punto de inflexión en la política de seguridad nacional. El verdadero desafío estará en cómo se implementen las acciones, qué resultados se logren en el corto plazo y, sobre todo, si esta medida logra realmente reducir los índices de criminalidad sin afectar a los ciudadanos que cumplen con la ley.

Fuente: Gestión PE

Redactado por: Dayanara Huamani