EL MANDATO ACTUAL ESTÁ POR TERMINAR

La llegada de la pandemia, y la agudización de las vulnerabilidades de la ciudadanía, planteó el escenario propicio para la irresponsabilidad y el populismo, y la proscripción de la reelección de parlamentarios parece haberles quitado incentivos a los padres de la patria para trabajar con prudencia (o por lo menos con algo de vergüenza). Ello, sumado a la cercanía de los comicios del 2021, parece haberlos hecho legislar pensando en los beneficios electorales que podrían granjearles a sus organizaciones políticas y no tanto en cómo hacer las cosas bien para el país.

Pero lo que seguramente terminará por caracterizar a este Parlamento es su compromiso con la improvisación y su culto al efectismo, ambos divorciados de las evaluaciones técnicas, e incluso de nuestro marco normativo.

Ello ha significado, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo denuncie ante el Tribunal Constitucional 10 leyes aprobadas por el pleno y que tres ya hayan sido declaradas inconstitucionales (la suspensión del cobro de peajes, los ascensos automáticos en Essalud y la devolución de aportes de la ONP). Pero, así como algunas normas promulgadas no tenían rigor legal, otras tampoco tenían sentido económico.

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