“El que la hace la paga”: ¿orden democrático o silencio social?

¿Qué implica que una protesta sea tratada como un acto criminal? Esa es la pregunta que surge tras el anuncio de la Municipalidad de Lima de ofrecer recompensas para quienes identifiquen a los manifestantes de la llamada “Generación Z”. La medida, impulsada bajo el lema “el que la hace, la paga”, en palabras del alcalde Rafael López Aliaga, no solo busca sancionar los daños materiales, sino que abre un debate más profundo sobre el significado de la protesta y los límites de la participación política en el Perú.

Fuente: La Republica

La Municipalidad de Lima, a través del teniente alcalde Renzo Reggiardo, reportó 19 policías heridos durante los disturbios y detalló pérdidas superiores a los 2 millones de soles en el centro histórico. Sin embargo, en su balance omitieron mencionar que 44 manifestantes también resultaron heridos como consecuencia de la fuerte represión policial. Esta diferencia en la forma de presentar las cifras abre una pregunta inevitable: ¿por qué el Estado registra con precisión un lado del conflicto mientras minimiza o invisibiliza al otro? ¿Se trata de un simple descuido o de una manera de moldear la narrativa pública?

La situación se agrava con un hecho que no puede pasar desapercibido: Marcelo Santos De La Cruz Mitma, un adulto mayor de 69 años, resultó herido en el rostro durante una intervención policial, según confirmó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este caso revela el costo humano de la confrontación y cuestiona la capacidad del Estado de garantizar la seguridad de todos —manifestantes, transeúntes y agentes del orden— en medio de la protesta.

Fuente: Infobae

El anuncio de recompensas, además, abre otro frente de discusión. Convertir la vigilancia en un mecanismo incentivado por dinero puede deteriorar aún más la confianza social y fragmentar los lazos comunitarios. El Estado, sin duda, tiene la obligación de proteger el patrimonio y preservar la seguridad pública. Pero cuando se etiqueta a todo un movimiento como “violento”, surge la pregunta: ¿es esta una forma de restablecer el orden o una estrategia para silenciar y deslegitimar la protesta juvenil como herramienta democrática?

Al final, el dilema es claro: ¿cómo debería responder un gobierno democrático frente a las protestas en medio de tanta división? Tratar todo como un delito y endurecer el control puede dar una solución rápida, pero no resuelve el verdadero problema de fondo. El reto está en abrir espacios de diálogo que escuchen las demandas de la ciudadanía y, al mismo tiempo, cuiden los espacios públicos que nos pertenecen a todos. Más que seguir en la confrontación, este parece ser el momento de escuchar y empezar a reconstruir la confianza perdida.

Fuente: Infobae y La República

Redactado por: Yajaira Pacheco