Los ciudadanos peruanos no solemos participar activamente en política. Los limitados canales de comunicación con las autoridades elegidas y el descalabro de los partidos políticos crean débiles vínculos entre la población y su sistema democrático. La gran excepción a esta desconexión política regular son los procesos electorales. De ahí que revestirlos de confianza, predictibilidad y transparencia sea absolutamente indispensable para conservar el equilibrio democrático. Si tenemos pocos mecanismos de control y comunicación una vez que las autoridades toman el poder, por lo menos requerimos la certeza de que estas fueron elegidas de manera legítima.
Por eso el transcurso de los días posteriores a la segunda vuelta del 6 de junio ha hecho ya un daño tremendo a la frágil institucionalidad nacional. El eficiente conteo de la ONPE con actualizaciones públicas regulares, no fue suficiente para salvaguardar el proceso electoral de críticas. Con resultados tan apretados, daban un margen de ventaja de apenas 0,29 puntos porcentuales, o poco más de 50 mil votos, para el candidato Pedro Castillo la integridad y solvencia institucional del sistema han sido puestos a prueba, y su respuesta ha sido deficiente.
La mala gestión de elecciones ajustadas puede llevar a un clima social inmanejable y desenlaces sumamente lamentables. No está de más recordar, por ejemplo, el golpe de Estado de 1962 en contra del gobierno de Manuel Prado en medio de acusaciones de fraude electoral. El Perú no es el mismo de la década de los sesenta, pero los últimos cinco años han demostrado que la enorme debilidad institucional que aflige al país lo convierte en uno inestable y volátil. Autoridades, candidatos y simpatizantes tienen hoy que actuar con extrema responsabilidad. En el escenario actual, las consecuencias de no hacerlo son incalculables.
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