UNA AMNISTÍA QUE HIERE LA MEMORIA Y LA JUSTICIA

Esta semana, el Congreso de la República ha aprobado una ley que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa involucrados en presuntas violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno, siempre que no tengan sentencia firme. Esta decisión no solo ha generado una alarma nacional e internacional, sino que también pone en riesgo la credibilidad del Estado peruano frente a su compromiso con la justicia y los derechos fundamentales.

La ley, aprobada con amplia mayoría, pretende ampararse en el argumento de la reconciliación nacional. Sin embargo, al no establecer límites claros ni mecanismos de revisión individualizados, corre el grave peligro de convertirse en un borrón y cuenta nueva para delitos atroces que la sociedad aún no ha terminado de procesar. Peor aún: puede interpretarse como un mensaje de impunidad, un retroceso doloroso frente a los avances logrados por décadas de lucha de las víctimas y sus familias.

Organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya han manifestado su preocupación. No es para menos. El Perú tiene una herida abierta: los más de 70 mil muertos y desaparecidos durante los años de violencia política no pueden ser relegados al olvido ni utilizados como moneda de cambio en negociaciones políticas de corto plazo.

En lugar de impulsar una verdadera reconciliación basada en la verdad, la justicia y la reparación, el Congreso opta por blindar a posibles responsables, alimentando la desconfianza ciudadana en las instituciones y debilitando aún más el frágil Estado de derecho.

Una democracia sólida no se construye sobre la impunidad. Se construye enfrentando el pasado con valentía, respetando la dignidad de las víctimas y asegurando que crímenes de lesa humanidad no queden sin castigo. Esta ley, por el contrario, amenaza con borrar los límites entre la justicia y el poder político.

La memoria colectiva de un país no debe ser silenciada por una votación congresal. Exijamos respeto por la verdad, por los derechos humanos y por una historia que aún nos duele. Porque sin justicia, no hay reconciliación posible.

Redactor: Silvera Gino